TRAS EL TSUNAMI

El pasado 26 de diciembre, en el Índico, tras un primer tsunami hubo otro, y luego otro y otro, hasta seis. Un mínimo de 160.000 personas perdieron la vida como consecuencia directa de ello. Pese al tiempo pasado ya, no podemos dejar de efectuar algunas breves reflexiones.

Así, junto a otras muchas voces, creemos que es urgente el desarrollo de una red mundial de teledetección y alerta eficaz de catástrofes, así como de seguimiento y evolución pormenorizado de las mismas desde el espacio, lo que haría disminuir (aunque no evitar) los efectos negativos de tales desgracias. Cuando la gente contempla el gasto en investigación espacial como un dispendio, tal vez valga la pena recordar lo pasado en el Índico como un aviso de que lo que no gastemos en el cielo, lo acabaremos por pagar por centuplicado en la Tierra.

Existe el problema y una parte de la tecnología para resolverlo... pero ¿existe el presupuesto? En el ámbito internacional, sin duda (todos somos responsables de todos), pero ¿y en los propios países afectados?

Indonesia —que es el segundo mayor receptor mundial de ayuda exterior neta— gasta casi la misma suma de dinero en sus fuerzas militares (unos 1.686 millones de euros en el año 2000 —unos 300 mil millones de pesetas—) que lo que recibe en ayuda. En Sri Lanka, el presupuesto militar supera tanto al de sanidad como al de educación (su gran deuda exterior procede, precisamente, de ese gasto, que es insostenible). Tailandia sólo en el año 2000 se gastó el equivalente a unos 82 millones de euros en compra de armamento. En la India, tercera importadora mundial de armas, el gasto final en defensa en el 2003 superó los 13.000 millones de euros (más de dos billones de pesetas), de modo que su ejército significó el 15% del gasto público indio, en contraste con el 7% destinado a gastos sociales como sanidad o educación. Pero no sólo eso. Sus autoridades decidieron el pasado mes de enero de 2004 la compra de un portaviones por valor de unos 1.500 millones de euros.

Todos los gobiernos tienen la obligación de brindar seguridad a los habitantes de sus países, sin duda, pero no a costa de su desarrollo. Algunos viven situaciones de conflicto, pero los gastos militares sólo acentúan su pobreza, les crean dependencias y no acaban con las desigualdades ni con la violencia interna. Los vendedores de armas (europeos, estadounidenses, rusos o chinos) también son responsables, al primar internacionalmente actitudes políticas favorables a la compra de armas con la excusa de la guerra contra el terrorismo (la mayor parte de la armas son para guerras a gran escala, no para luchar contra grupos urbanos radicales, para los que las únicas medidas que se han visto como útiles son las policiales). La ayuda entre gobiernos debería basarse sólo en estrictos códigos éticos internacionales, algunos ya en vigor. Es curioso que aquello a lo que más deba temer la ciudadanía, siga siendo a las decisiones de aquellos que supuestamente están para protegerlos.