Actualización 22 marzo 2022
La crisis diplomática y migratoria recrudecida en el último año entre España y Marruecos tiene un telón de fondo: el Sáhara Occidental, de unos 266.000 kilómetros cuadrados, situado en el norte de África, en el extremo occidental del desierto del Sáhara y a las orillas del océano Atlántico. Es un territorio considerado no autónomo por las Naciones Unidas, por el cual no ha cesado la disputa.
Actualmente una gran parte de ese territorio está bajo el control de Marruecos. España fue su potencia administradora (o colonial) hasta noviembre de 1975, fecha en que ‘cedió’ el territorio a Marruecos y a Mauritania, en un extraño acuerdo. Posteriormente Mauritania se retiró, ampliando Marruecos su zona ocupada, por lo que su gobierno considera que todo el Sáhara Occidental está bajo su soberanía.
La normativa internacional
El acuerdo firmado para la cesión del Sáhara Occidental no ha sido aceptado por la comunidad internacional desde el primer momento en que se hizo público, por no ser legal desde esa perspectiva. La administración del Sáhara Occidental no se puede pasar de un país a otro. No es una finca. En varias resoluciones previas de las Naciones Unidas, como la 1514(1960), la 1541 (1960). o la 2625 (1970), ya se señalaba que el futuro de los territorios no autónomos sólo se podía decidir por un proceso de libre determinación entre sus habitantes, que incluyera, entre las opciones a votar la de la independencia.
Y eso mismo se indica en la última resolución aprobada al respecto, la 2602 (de 29 de octubre de 2021), en la que se prorroga el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), y en la que se dice en su punto 2º que “Pone de relieve la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes y esté basada en la avenencia, así como la importancia de adaptar el enfoque estratégico de la MINURSO y orientar los recursos de las Naciones Unidas con ese fin” y en el 4º que “Exhorta a las partes a que reanuden las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General sin condiciones previas y de buena fe, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados desde 2006 y los acontecimientos posteriores, con miras a lograr una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y hace notar la función y las responsabilidades de las partes a este respecto”.
Una larga guerra y un más largo plan de paz, ya roto
Pese a no ser legal el acuerdo tripartito sobre el Sáhara Occidental, el 26 de febrero de 1976 el gobierno de España comunicó a la ONU que finalizaba su presencia allí y que se consideraba sin responsabilidad alguna sobre lo que allí sucediera. Y así se ha comportado habitualmente, sin ningún sentido de responsabilidad sobre la gente que allí habita, pese a que esa era su obligación.
Tras el abandono de España, se inició un largo conflicto armado entre Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario), movimiento independentista saharaui que, desde su creación en 1973, lucha por su independencia y, en todo caso, por el proceso de autodeterminación.
A causa de la guerra, casi la mitad de la población del Sáhara occidental se refugió en Tinduf, en Argelia, huyendo de los bombardeos y represión marroquí. En los campamentos allí ubicados, donde ahora viven unas 180.000 personas, el Frente Polisario estableció el gobierno autoproclamado de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que es reconocido por más de ochenta países.
En 1988 se acordó entre las autoridades marroquíes y el Frente Polisario el llamado Plan de Arreglo, aprobado por la ONU en 1991. En él se acordaba la celebración de un referéndum en el cual se pediría a la población saharaui elegir entre la independencia o la integración en Marruecos. Y para poder llevar a cabo dicho acuerdo se establecía la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), que debía supervisar el alto el fuego e implementar el referéndum, cuya celebración se fijó inicialmente en 1992, pero que se ha ido posponiendo por la negativa del gobierno de Marruecos a llevarlo a cabo.
Pero todo puede ir a peor. Casi treinta años después, a mediados de noviembre de 2020, tras un intercambio de disparos en la zona fronteriza sur con Mauritania entre el ejército marroquí y tropas del Frente Polisario, los saharauis acusaron a Marruecos de haber roto el alto el fuego y haber provocado el reinicio del conflicto armado. Desde entonces se han sucedido los enfrentamientos, con pocos datos independientes sobre los mismos.
¿Quién controla qué?
Marruecos en la actualidad no controla todo el territorio del Sáhara Occidental, aunque sí la mayor parte del mismo y toda su fachada occidental que da al Atlántico. Su franja oriental está en manos del Frente Polisario.
Una situación jurídica peculiar
En estos momentos, la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas, continúa sin reconocer la anexión de facto marroquí.
Una rara excepción notable y reciente son los Estados Unidos, cuyo anterior presidente Donald Trump varió su posición en diciembre de 2020, siendo el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya la opción de Marruecos.
Otra excepción notable aún más reciente es que ahora, el gobierno de España, por las ultimas informaciones, parece apoyar también esa misma opción, y considera ‘seria, creíble y realista’ la posición del gobierno marroquí de no celebrar un referéndum de autodeterminación, pero sí dotar al Sáhara Occidental de un cierta autonomía, según una carta enviada el 14 de marzo de 2022 por el presidente del Gobierno español al Rey de Marruecos, en una posición similar a la francesa y a la alemana. Los términos que se usan en el texto como “esfuerzos serios y creíbles” del Reino de Marruecos ya figuran en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la última que hemos citado, de octubre del año pasado. Sin embargo, no figura en las mismas la calificación a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental que Marruecos presentó en 2007 de que es la “más seria, creíble y realista”.
Por ese ‘más’ el gobierno de España de Pedro Sánchez expresa su preferencia por la fórmula autonómica frente al referéndum de autodeterminación, que es lo que debe apoyar siguiendo las normas internacionales.
La Unión Europea, en un comunicado posterior, parece estar de acuerdo con ese cambio en la posición española, pero al mismo tiempo comenta su seguimiento y respeto por el ordenamiento internacional, por una solución mutuamente aceptable por las dos partes del conflicto y por las resoluciones de Naciones Unidas, que, como ya hemos indicado, sólo contemplan la posibilidad en el futuro de la realización de un referéndum de autodeterminación como sistema para resolver el actual conflicto.
El 22 y 23 de marzo de 2022, el ministro de asuntos exteriores de España pareció indicar que, en cualquier caso, pese a la preferencia indicada, el gobierno español seguía apoyando de forma íntegra las resoluciones de las Naciones Unidas, y entre ellas la ya citada 2602 (de 29 de octubre de 2021).
La situación en este momento es curiosa
Por un lado, el Sáhara Occidental sigue en el listado de territorios dependientes, pero no tiene, según la propia ONU, una potencia administradora. Marruecos no lo es, pese a su control de una amplia zona, y España, que lo fue hasta febrero de 1976, desde entonces señala que no tiene responsabilidad alguna, e incluso, como henos visto, parece ser favorable a un futuro autonómico del territorio más que a la opción que elijan en una consulta libre los habitantes originarios del territorio. En todo caso, para la ONU, las únicas partes relevantes ahora para un acuerdo allí son Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania.
La posición internacional absolutamente mayoritaria, y que sigue Rusia y China, y hasta ahora la Unión Europea (veremos cómo evoluciona esta cuestión), es la que se indica cada año en la resolución que amplía el mandato de la MINURSO. En ella se defiende un pacto entre las partes, una “solución política (…) que prevea la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en el contexto de arreglos compatibles con los principios y propósitos” de la ONU. Los portavoces de las Naciones Unidas siguen señalando en la actualidad que su posición no ha variado.
Esa había sido también la opción de los diferentes gobiernos que ha habido en España desde 1976, donde habita una amplia comunidad de origen saharaui, en muchos casos muy formada y activista, pero a la que no se le reconocen derechos como miembros de una antigua colonia, y es considerada como apátrida, moviéndose con pasaporte argelino, pese a haber tenido sus padres o abuelos DNI español. Ahora, se deberá ver qué implica en todo ello el cambio de posición que parece haber expresado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el 18 de marzo de 2022.
Sin observadores internacionales
La situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental es muy mala desde hace muchos años, pero se han deteriorado más desde la rotura del alto el fuego. Las autoridades de Marruecos impiden sistemáticamente las concentraciones por la autodeterminación y obstaculizan el trabajo de las organizaciones locales de derechos humanos, hostigando y maltratando con dureza continuamente a sus miembros y a periodistas, tanto en las calles, como en las comisarías o en sus propias casas, donde a veces retienen a la gente sin mandato judicial. Incluso hay acusaciones de violación de activistas como Sultana Khaya y su hermana por la policía marroquí. Las investigaciones sobre las denuncias de torturas nunca se investigan de forma correcta.
Y no es fácil seguir lo que sucede. No hay observadores externos independientes. Marruecos no autoriza la entrada allí a periodistas, abogados, activistas o políticos del extranjero. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, se niega a incorporar la vigilancia de la situación de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, lo que impide documentar los abusos, como sí hacen otras misiones de la ONU.
Y la observación internacional es indispensable. No se ha garantizado jamás una rendición de cuentas adecuada de los responsables de haber cometido violaciones de derechos humanos en la zona. Ni por Marruecos en su parte, ni por el Frente Polisario de los ocurridos en los campamentos de refugiados de Argelia.
Y, mientras tanto, podemos contemplar como Marruecos utiliza como peones en un juego político a las personas migrantes, incluidas a las y los menores, dejándoles cruzar la frontera en Ceuta como forma de presión sobre España; y, también mientras tanto, España también ha reaccionado a menudo devolviendo, sin ningún tipo de garantías, incluso a niños y niñas.
Lamentablemente, nadie parece estar observando de forma seria, creíble y realista lo que sucede a los derechos humanos a unos 1.500 kilómetros de distancia haca el sur.
(a partir de aquí texto básicamente del año 2016, con toda la información sobre territorios no autónomos y el Sáhara Occidental, de fondo ampliada, que se va actualizando)
(Nueva ampliación del mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2021 -documentación oficial sobre la MINURSO-)
El pasado 29 de abril de 2016, el Consejo de Seguridad[1] de la ONU aprobaba la resolución 2285 (2016)[2] que ampliaba el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) durante doce meses más, con diez votos a favor, dos en contra (Uruguay y Venezuela) y tres abstenciones (Angola, Nueva Zelanda y Rusia)[3]. La falta de consenso refleja la división que existía desde antes de la votación[4].
Desde entonces, al igual que ha pasado desde el establecimiento de dicha misión, la misma se ha ido renovando cada año a finales de octubre. Así, en octubre de 2019 se amplió el mandato hasta el 31 de octubre de 2020, según la Resolución 2494 (2019), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8651a sesión, celebrada el 30 de octubre de 2019, reconociendo que el statu quo no es aceptable, y observando además que los progresos de las negociaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida del pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos. Creo que el personal de la ONU sigue recortado con respecto al que había antes de la crisis de abril de 2016, se renovó.
Y el 29 de octubre de 2020, se amplió de nuevo el mandato, hasta final de octubre de 2021 (enlace directo a la resolución), sin cambios sustanciales, por lo que hemos visto en la prensa, y sin que vuelva el personal expulsado, pero con un cierre de la frontera sur del Sáhara Occidental con Mauritania a cuyo desarrollo deberemos estar atentos. Entre los 15 países que integran el Consejo, 13 votaron a favor del texto de la resolución -redactado por Estados Unidos- mientras se abstuvieron los principales aliados del Frente Polisario, Rusia y Sudáfrica.
Las nuevas resoluciones aprobadas desde 2016 no incluyen en su texto la palabra "referéndum" y dan a entender que la "autodeterminación del pueblo saharaui" puede alcanzarse mediante soluciones "acordes con la Carta de las Naciones Unidas". Eso puede parecer que favorece la posición del gobierno marroquí, pero la realidad es que no implica que la ONU no siga defendiendo que el referéndum de autodeterminación no sea la vía que se propugna por la normativa internacional y por la propia ONU.
Volviendo al 2016, entonces el contexto era complicado (aunque tal vez no más que en este 2020, dado que finalmente toda ha conducido a una rotura aparente de la tregua). Un mes antes, el 17 de marzo, las autoridades de Marruecos habían obligado a la ONU a retirar del Sáhara Occidental a cerca de un centenar de miembros de su personal civil y a cerrar una oficina militar de enlace de la MINURSO[5], tras unos comentarios de Ban Ki-moon[6], secretario general de la ONU, en relación a los saharauis que no les habían sentado nada bien. El líder de las Naciones Unidas los había hecho públicos durante una visita que efectuó el sábado 5 de marzo de 2016 a Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y líder del Frente POLISARIO y a los campamentos de refugiados saharauis situados cerca de la ciudad de Tinduf, en el suroeste de Argelia, en los que habló de la difícil vida de los saharauis en dichos campamentos y de su derecho a la autodeterminación (aunque añadiendo que en un marco de solución política aceptable para todas las partes). Pero, según las autoridades marroquíes, en las mismas había ido muy lejos al utilizar, por ejemplo, la palabra "ocupación" al hablar de la situación en el Sáhara Occidental[7].
Entre las personas a las que el gobierno marroquí obligó a salir estaban los miembros del personal que trabajaba en la sensibilización a los habitantes del territorio del riesgo de las minas y de las municiones sin explotar, en la prevención de accidentes y de víctimas mortales, así como en el proceso de desminado, al implementar los programas del Servicio de Acción Antiminas de las Naciones Unidas, que considera al Sáhara Occidental como uno de los territorios más minados del mundo, con más de 2.500 víctimas registradas desde 1975[8].
En la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad se pide al Secretario General "que en un plazo de 90 días le informe de si la MINURSO ha vuelto a funcionar a plena capacidad y expresa su intención, en el caso de que la MINURSO no haya conseguido volver a funcionar a plena capacidad, de considerar la mejor forma de facilitar el logro de este objetivo"[9]. Los países que no votaron a favor de la misma expresaron su preocupación por el resultado de la resolución, dado que consideraban que, en realidad, lo que se debería haber hecho es exigir el retorno inmediato del personal expulsado[10].
En octubre de 2020, por mis informaciones, el personal expulsado seguía sin poder volver a cumplir sus funciones.
1. HISTORIA BREVE DE UN LARGO CONFLICTO
El Sahara Occidental es objeto desde hace más de cuarenta años de una disputa territorial entre Marruecos, que ocupó sin ninguna base jurídica para ello el territorio en 1975 (ver párrafo siguiente en cursiva), y el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (en adelante, Frente POLISARIO), que aboga por la creación allí de un estado independiente y que ha proclamado y establecido un gobierno en el exilio en los campamentos de refugiados situados cerca de Tinduf.
-> Marruecos reclama tener la soberanía sobre el Sáhara Occidental en la actualidad. La misma sólo la ha reconocido Donald Trump como presidente de los EEUU en diciembre de 2020 hasta el momento, abandonando 30 años de práctica política estadounidense en la zona, como señalan Bolton y Baker- entre los países con derecho a veto en el consejo de seguridad. Ni Rusia, ni China, ni Francia ni el Reino Unido lo han hecho, así como tampoco la Unión Europea (ni ninguno de sus países miembros creo), cuyos tribunales no reconocen su soberanía aunque sus estados miembros hagan pactos con Marruecos como si tuviera dicha soberanía.
-> Y curiosamente tampoco España, que apoya a la ONU, y por tanto el referéndum como territorio no autónomo dada la legislación internacional vigente (aunque no lo cite, como tampoco lo suele hacer el resto de estados ni los mismos mandatos últimos dela MINURSO), pese a haber tratado de 'traspasar' ilegalmente el poder sobre el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania en 1975.
En 1988, tras más de una década de conflicto entre ambas partes, se acordó entre las autoridades marroquíes y el Frente POLISARIO el llamado Plan de Arreglo, el cual fue auspiciado por las Naciones Unidas y aprobado por su Consejo de Seguridad en el año 1991. Según dicho plan, ambas partes acordaban la celebración de un referéndum en el cual se pediría a la población saharaui elegir entre la independencia o la integración en Marruecos.
Para poder llevar a cabo dicho acuerdo se estableció en el mismo año 1991 la MINURSO, que trataremos en el tercer apartado, cuya misión principal es supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente POLISARIO e implementar el referéndum para determinar el estatuto definitivo del Sáhara Occidental. La celebración del referéndum, que se fijó inicialmente para el año 1992, se ha ido posponiendo desde entonces y aún no se ha podido llevar a cabo.
Veinticinco años después, pues, continúa igual la situación de indeterminación sobre el estatus final del territorio, con una total falta de acuerdo sobre cómo puede ejercer su derecho a la autodeterminación la población del Sáhara Occidental. Marruecos sigue reiterando que no acepta un referéndum que incluya la opción de la independencia, mientras insiste en las negociaciones que sólo acepta plantear como mucho la opción de un estatus de autonomía para el Sahara Occidental, bajo su soberanía. Por su parte, la posición del Frente POLISARIO es que el único camino a seguir es implementar el Plan de Paz para la Libre Determinación del Pueblo del Sáhara Occidental (o Plan Baker II) o el Plan de Arreglo de 1991[11]. Ambos han sido aprobados o apoyados por el Consejo de Seguridad y ambos apuestan por un proceso final de autodeterminación mediante un referéndum, con la independencia como una de las opciones. Cualquier otro supuesto no es aceptable para el Frente POLISARIO[12].
Amnistía Internacional no defiende ninguna posición sobre si se debe llevar a cabo o no el referéndum (ello sería ajeno a su mandato[13]), aunque sí defiende el derecho a reclamarlo o a estar en contra del mismo pacíficamente. Según resume al final de un comunicado del 8 de noviembre de 2020:
"La mayor parte del Sáhara Occidental, territorio no autónomo según las Naciones Unidas, está bajo el control de facto de Marruecos desde que se lo arrebató a España, su anterior administrador colonial, en 1975. El gobierno [de Marruecos] lo considera territorio marroquí y rechaza las demandas de celebración de una votación sobre la autodeterminación, que incluiría la opción de la independencia. Esta opción estaba incluida en el referéndum que Marruecos y el Frente Polisario, el movimiento de liberación del Sáhara Occidental, acordaron celebrar en un acuerdo de alto el fuego auspiciado por la ONU en 1991. La comunidad internacional no reconoce la anexión de facto marroquí".
"Las autoridades de Marruecos impiden sistemáticamente las concentraciones convocadas en el Sáhara Occidental en favor de la autodeterminación saharaui. Marruecos obstaculiza el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales locales de derechos humanos con medidas como hostigar a sus miembros, bloquear los procesos legales de inscripción en el registro y, en ocasiones, golpear a activistas y periodistas detenidos o en la calle".
Su preocupación básica en este conflicto, como en el resto de su acción, es la defensa de los derechos humanos de todas las personas que habitan en la región, investigando y actuando para tratar de poner fin a las violaciones de los mismos.
2. EL PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN DESDE LA FUNDACIÓN DE LA ONU, Y EL CASO DEL SÁHARA OCCIDENTAL
Para entender la problemática del Sáhara Occidental y la labor de la MINURSO, y su diferencia de estatus y tratamiento con respecto a otros territorios, como por ejemplo Palestina, que es un Territorio Ocupado[14], hay que hacer un poco de historia, como pasa casi siempre...
En 1945, la Carta de las Naciones Unidas proclamó "el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos"[15] como uno de sus propósitos básicos. Según la ONU, ‘la libre determinación de los pueblos’ significa que el pueblo de una colonia o territorio dependiente debe poder decidir con libertad la futura condición de dicho territorio. Dichos pueblos y territorios han ido figurando en una lista de territorios no autogobernados que fue inicialmente preparada en 1946 por las Naciones Unidas, y que ahora es actualizada por la Asamblea General de dicha organización por recomendación de su Comité Especial de Descolonización[16], como veremos en el párrafo siguiente. Recordemos que cuando las Naciones Unidas se fundaron en 1945, vivían en territorios que no eran autónomos, dependiendo de potencias coloniales, unos 750 millones de personas -casi un tercio de la población mundial-. Hoy en día, en cambio, son menos de 2 millones de personas las que viven en estos territorios[17].
En 1960, se dio un paso más y se adoptó la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que definió algunos de los principios básicos de la descolonización[18]. Y un año más tarde se creó por la ONU el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales[19] (o Comité Especial de Descolonización o Comité Especial de los 24) para tratar de poner fin al colonialismo, y se le encargó controlar e impulsar el proceso de descolonización de los territorios no autónomos bajo administración de potencias coloniales que aún existía en aquel momento.
Desde la creación de las Naciones Unidas, 80 antiguas colonias han obtenido su independencia. Sin embargo, aún hay 17 territorios que no son autónomos, entre ellos el Sáhara Occidental, que constituye una anomalía entre los mismos, ya que el resto suelen ser territorios minúsculos como Gibraltar, o islas o conjuntos de islas de tamaño muy pequeño[20].
Los territorios no autónomos[21] son administrados por otros estados y la potencia administradora está obligada en los mismos a “desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto”[22].
Es decir, desde 1945, y tal como la Asamblea General de la ONU indicó en el año 1990, la cuestión del Sáhara Occidental se ha entendido como un problema de descolonización de un territorio no autónomo que debe ser resuelto por el pueblo del Sáhara Occidental[23]. Los informes del Secretario General han sido claros al respecto: “Las Naciones Unidas no podían respaldar un plan que excluyera un verdadero referéndum y decir al mismo tiempo que proporcionaban la libre determinación al pueblo del Sáhara Occidental” y “El Consejo de Seguridad no podía invitar a las partes a negociar sobre una autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía de Marruecos, ya que ello implicaría el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, cosa que estaba fuera de cualquier consideración, dado que ningún Estado Miembro de las Naciones Unidas había reconocido dicha soberanía”. Estos principios se siguen reafirmando en la actualidad[24].
Cabe recordar aquí también la vigencia aún de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 16 de octubre de 1975, en la que se concluía que no había razones válidas para que las reglas en materia de descolonización y libre determinación, recogidas en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, no se aplicasen al Sáhara Occidental.
La situación actual, pese a todo, es confusa. En teoría, y como hemos visto, no se ha aceptado la transferencia de la administración de dicho territorio a Marruecos por parte del gobierno español (Acuerdo Tripartito de Madrid, del 14 de noviembre de 1975), pese a las pretensiones de éste último[25]. Eso implica que el territorio ahora no está bajo la soberanía saharaui, ni de la de Marruecos (a la que no se le reconoce tampoco como potencia administradora). Pese a todo, es verdad que, de hecho, no se tiene en cuenta como tal potencia administradora a España en las negociaciones y que la potencia relevante es Marruecos, como ocupante de facto del territorio.
Sobre la posición de la ONU, vale la pena tener en cuenta la Carta del 29 de enero de 2002 del Subsecretario General para Asuntos Legales, Hans Corell al Presidente del Consejo de Seguridad (Naciones Unidas S/2002/161 Consejo de Seguridad de 12 de febrero de 2002): la ONU no considera ni a Marruecos (ni, en su momento, a Mauritania) como potencias administradoras del territorio del Sahara Occidental, que sigue figurando en la lista de la ONU como único territorio español pendiente de descolonización.
Grande-Marlaska, actual ministro del interior en el 2021, presidía la sala de la Audiencia Nacional española que en el auto 40/2014 se declaró competente para investigar actuación policía de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Marruecos contra los habitantes saharauis que construyeron el poblado de Gdeim Izik, dado que España era potencia administradora del Sahara Occidental de iure. Sin embargo, esa no parece ser la posición actual del gobierno en el que él está, que lo confía todo a la ONU y a pactar con la potencia ocupante de facto que es Marruecos.
3. LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL REFERÉNDUM DEL SÁHARA OCCIDENTAL (MINURSO)
La MINURSO[26] se estableció por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad[27] de las Naciones Unidas de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente POLISARIO. El plan de arreglo establecía un periodo de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental elegiría entre la independencia o su integración con Marruecos. Un Representante Especial del Secretario General tendría la responsabilidad sobre los asuntos relacionados con la celebración del referéndum, asistido por un grupo de civiles, militares y personal de la policía civil. El mandato original de la Misión incluía:
Supervisar el cese del fuego
Verificar la reducción de tropas de Marruecos en el Territorio
Supervisar la restricción de las tropas de Marruecos y el Frente POLISARIO a los lugares señalado
Tomar medidas con las partes para asegurar la liberación de todos los prisioneros políticos o detenidos del Sáhara Occidental
Supervisar el intercambio de prisioneros de guerra, mediante la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Hacer efectivo el programa de repatriación, mediante la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Identificar y registrar a las personas con derecho a voto
Organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo, y dar a conocer los resultados
La MINURSO ha venido llevando a cabo además otras tareas, como la de reducir la amenaza de las minas y las municiones sin detonar, y apoyar las medidas de fomento de la confianza, mediante la facilitación de la visita de las familias saharauis de los territorios ocupados a los campamentos de refugiados.
4. AMNISTÍA INTERNACIONAL Y LA MINURSO
En Amnistía Internacional, sobre la MINURSO sólo se trata su trabajo desde la perspectiva de mejorar la defensa de los derechos humanos de todas las personas que viven en la región tratando de que los apoyen, investiguen, etc. El problema en el caso de la MINURSO es que en su mandato[28] no figura la labor de supervisión de la situación de los derechos humanos, pese a que sea testigo de las violaciones de los mismos[29], y desde Amnistía Internacional desde hace muchísimos años se está pidiendo esa normal ampliación del mandato, pero esta petición suele ser bloqueada por Marruecos, que cuenta con el apoyo de Francia[30], pese a que esa labor en materia de derechos humanos sí figura en el resto de misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. De hecho, la MINURSO es la única misión moderna de la ONU que carece de ese objetivo entre sus obligaciones[31].
Con motivo del debate este 28 de octubre de 2020 de la ampliación del mandato de la MINURSO, Amnistía Internacional seguirá reclamando que se incorpore dicha labor de supervisión de los derechos humanos al mandato de la MINURSO.
Lo de la no supervisión de los DDHH en los territorios ocupados del Sáhara Occidental es una anomalía como todo lo que sucede allí. De hecho, pese a haber una ocupación militar, no se habla nunca de territorios ocupados salvo por la población saharaui que apoya a la RASD y al Frente POLISARIO, sólo se habla en la ONU de que se debe hacer un referéndum (lo que es correcto), pero no se exige la retirada de las tropas ocupantes, lo que es básico para que el referéndum se pueda llevar a cabo (ni la MINURSO ni nadie puede hacer nada mientras el control de facto del territorio, que no de iure sea marroquí). Lo de implementar la MINURSO, mientras las tropas marroquíes sigan allí no tiene sentido alguno, salvo para tareas de quitar minas escondidas o de dar talleres sobre las mismas, o para supervisar la situación de derechos humanos (si dicha supervisión se aprobara, lo que es más que dudoso, dada la presión de la potencia ocupante, Marruecos, para que dicha supervisión no se lleve a cabo).
Lo de la denuncia de la ocupación sí sucede (de forma correcta también) en Palestina y se exige retirada de las tropas israelíes, sin que haga falta referéndum.
Y eso pese a que la cuestión de los derechos humanos en la zona es una preocupación recurrente para el Secretario General de la ONU, que también ha planteado tal necesidad con igual poco éxito “Entiendo que una prolongación del estancamiento actual puede llevar al deterioro de la situación en el Sáhara Occidental, como se ha puesto de manifiesto en las continuas manifestaciones y denuncias de abusos de los derechos humanos. En particular me preocupan los informes de respuestas duras en las recientes manifestaciones habidas en el territorio, incluida la detención de varias personas. Se permitió a observadores internacionales y locales, así como a abogados defensores, que asistieran a los juicios; no obstante, surgieron inquietudes en lo que se refiere a las garantías procesales. A este respecto, desearía reiterar que, aunque la MINURSO no dispone del mandato ni de los recursos necesarios para ocuparse de esta cuestión, las Naciones Unidas siguen comprometidas con el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos”[32] o más recientemente “Destacando la importancia de mejorar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf y alentando a las partes a que colaboren con la comunidad internacional para formular y aplicar medidas independientes y creíbles que aseguren el pleno respeto de los derechos humanos, teniendo presentes las obligaciones pertinentes que les incumben en virtud del derecho internacional. Alentando a las partes a que prosigan sus esfuerzos respectivos por mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf, entre ellos la libertad de expresión y la de asociación, Acogiendo con beneplácito, a este respecto, las medidas e iniciativas recientes adoptadas por Marruecos y el papel desempeñado por las Comisiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos en Dajla y El Aaiún, y la interacción que mantiene Marruecos con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”[33].
Por todo ello, desde Amnistía Internacional se sigue trabajando para que las Naciones Unidas garanticen un seguimiento independiente, imparcial, integral y sostenido de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf, en el sur de Argelia. Diferentes organismos de la ONU podrían contribuir a dicho seguimiento, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Tras 25 años ya de presencia en el terreno, la MINURSO podría desempeñar un papel clave en la documentación de violaciones de derechos humanos sobre las que no pudiéramos tener un informe de ninguna otra manera si no fuera por dicha misión, así como evitar acusaciones sin fundamento en otros casos. Y, actualmente, tras la última decisión de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, y dada la problemática en la región de las minas antipersonal, trabaja también para que la MINURSO vuelva a funcionar a plena capacidad lo antes posible[34].
Notas
[1] Además de España, forman parte en la actualidad Angola, China, Egipto, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Rusia, Senegal, Ucrania, Uruguay, Reino Unido, EEUU y Venezuela.
[2] Que sigue manteniendo: “Reafirmando su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la función y las obligaciones que incumben a las partes a este respecto, Reiterando su llamamiento a las partes y a los Estados vecinos para que cooperen más plenamente con las Naciones Unidas y entre sí e intensifiquen su implicación para poner fin a la actual situación de estancamiento y avanzar hacia una solución política“ y en el art. 9 “Exhorta a las partes a que continúen las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General, sin condiciones previas y de buena fe, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados desde 2006 y los acontecimientos posteriores, con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y hace notar la función y las obligaciones que incumben a las partes a este respecto” (http://www.un.org/press/en/2016/sc12346.doc.htm y http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2285(2016)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2016.shtml&Lang=S).
[4] Desde el establecimiento de la misión, es la tercera vez en 40 años que se adopta una resolución sin consenso (las otras resoluciones fueron en 1999 y 2000), visto en http://www.ieee.es/contenido/noticias/2016/05/DIEEEA34-2016.html.
[5] El Gobierno de Marruecos anunciaba el jueves 17 de marzo la expulsión en un plazo de tres días de un mínimo de 84 funcionarios internacionales (de la ONU y de la Unión Africana) que trabajan en la MINURSO en el Sáhara Occidental, acción que se suma a la congelación de los cerca de 3 millones de dólares que Rabat facilita anualmente a ese operativo. Algunos representantes del Frente POLISARIO hicieron subir la tensión al indicar que la retirada de los funcionarios de la MINURSO, que están allí para supervisar el alto el fuego, era una llamada a la guerra (ver http://www.rtve.es/noticias/20160318/marruecos-expulsa-numerosos-funcionarios-onu-tras-su-pulso-ban-ki-moon/1321180.shtml y http://www.efe.com/efe/espana/mundo/marruecos-endurece-su-pulso-con-ban-ki-moon-y-expulsa-a-personal-de-la-onu/10001-2871487).
[7] Según la Agencia EFE, el ministro de Exteriores marroquí Salahedín Mezuar aseguró que durante su reciente viaje a la región del Sáhara Occidental, Ban Ki-moon había ido más allá de los "parámetros" fijados por el Consejo de Seguridad, por ejemplo, al utilizar la palabra "ocupación". También criticó que Ban supuestamente se inclinara ante una bandera saharaui y que se reuniera con representantes del Frente Polisario en una zona de "tierra de nadie" entre Marruecos y Argelia, pese a que anteriormente, según dijo, se había comprometido a no hacerlo. Esas acciones fueron consideradas "insultantes" por el Gobierno marroquí y el lunes Mezuar le pidió explicaciones en una reunión, que hoy calificó como "tensa". Según el ministro, Ban Ki-moon dijo en ese encuentro que "lamentaba" haber usado el término "ocupación", pero en lugar de señalarlo públicamente, su oficina publicó un comunicado que para Marruecos "añadía más insulto" al expresar la "indignación" del secretario general por la manifestación en su contra celebrada el fin de semana en Rabat (ver http://www.efe.com/efe/espana/mundo/marruecos-endurece-su-pulso-con-ban-ki-moon-y-expulsa-a-personal-de-la-onu/10001-2871487).
[8] Ver
[10] Los que no votaron a favor de la resolución han indicado numerosos problemas en la misma, entre ellos la ausencia de transparencia en el proceso de redacción. Angola, Nueva Zelanda, Uruguay y Venezuela argumentaron que la resolución debería haber exigido el regreso inmediato del personal expulsado. Algunos miembros como Uruguay y Venezuela consideraron que el texto no aborda tampoco adecuadamente el contexto político, incluyendo el mandato original de la MINURSO para llevar a cabo un referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental (Amnesty International: Morocco/Western Sahara: MINURSO – Advocacy Circular -Index number: MDE 29/4118/2016-).
[11] “Los elementos centrales de este plan eran: la proclamación de un alto el fuego cuyo respeto quedaría garantizado por un grupo de observadores de Naciones Unidas y, sobre todo, la organización de un referéndum ‘justo e imparcial, sin restricciones militares ni administrativas’, organizado y supervisado por Naciones Unidas, empleando como base para ello, el censo que habían realizado los españoles en 1974. De esta manera, las negociaciones que debían conducir al referéndum recibieron un nuevo impulso cuando la Asamblea General de las NNUU, aprobó el 22 de noviembre de 1988, la resolución 43/33 por la que se reafirmaba el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia, y se pedía a las partes en conflicto negociaciones directas para llegar a un alto el fuego y crear las condiciones para la consulta”(…) “Los votos a favor fueron 87, siendo 57 las abstenciones entre las que se encontraban las de la mayor parte de los países árabes, EEUU, Japón, Canadá y la entonces Comunidad Europea con la excepción de España, Grecia e Irlanda que votaron a favor” Ver http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM08-2011SaharaOccidental.pdf.
[12] Resúmenes (las fuentes no son AI) sobre el estado actual de la situación de MINURSO y de las partes en el conflicto del Sáhara Occidental en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM08-2011SaharaOccidental.pdf y en http://migre.me/tBikF.
[13] Amnistía Internacional no se posiciona sobre si se debe llevar a cabo o no el referéndum, aunque sí defiende el derecho a reclamarlo pacíficamente. Lo mismo pasa con cualquier otro proceso de independencia en el mundo. Es un derecho colectivo y eso sólo en muy pocas ocasiones lo contempla Amnistía Internacional en su labor (y en general en contexto de derechos de pueblos indígenas, en determinadas áreas), y también porque es un derecho el de autodeterminación muy vago, no recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque si en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero sobre la base de la palabra 'pueblo' (art 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación...), que no tiene una definición precisa y que se entiende son los pueblos y territorios de la lista que figura en la nota 16.
[14] En el ámbito internacional, la terminología de “territorio ocupado” sólo la usa la ONU para Palestina y para ningún territorio más (ver la resolución 242 -S/RES/242- http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/242%20(1967), aprobada por unanimidad, que pedía el «Retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto», y la «terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza»). Es por ello que ese termino no es jurídicamente apropiado usarlo para el Sáhara Occidental. Palestina no es un problema de descolonización, no se le considera territorio no autónomo, y su situación actual es el resultado de una ocupación militar durante un conflicto. Es un territorio ocupado y el ocupante se debería ir. Israel es para la ONU una potencia ocupante, no una potencia administradora.
[15] Art. 1.2 de la Carta de las naciones Unidas (ver http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html y http://www.un.org/es/decolonization/questions_answers.shtml).
[16] Los Territorios en fideicomiso y no autónomos entre 1945-2002 que figuran en la web http://www.un.org/es/decolonization/nonselfgov.shtml han estado sujetos a los acuerdos sobre administración fiduciaria de las Naciones Unidas o figuraban en la lista de territorios no autónomos elaborada por la Asamblea General. De España figuran Fernando Poo y Rio Muni (actual Guinea Occidental, que alcanzó su independencia en 1968) e Ifni (territorio que ahora es conocido como Sáhara Occidental).
[17] http://www.un.org/en/decolonization/history.shtml y https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_dependiente.
[18] Ver en http://www.un.org/es/decolonization/ga_resolutions.shtml la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales [Resolución 1514(XV) de la Asamblea General]; la Resolución de la Asamblea General en la que se definen las tres opciones para alcanzar el gobierno propio [Resolución 1541(XV) de la Asamblea General] y la Resolución de la Asamblea General por la que se establece el Comité Especial de Descolonización [Resolución 1654(XVI) de la Asamblea General].
[20] Los 17 territorios que aún no son autónomos están controlados por las siguientes potencias: Reino Unido (Anguila, Bermudas, Gibraltar, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Pitcairn y Santa Elena); Estados Unidos (Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Samoa Americana) y por Francia (Nueva Caledonia y Polinesia Francesa -añadida el 17 de mayo de 2013-). Además, hay dos territorios transferidos, pese a que la ONU no ha reconocido tales actos, como cuando en 1976 España transfirió la administración del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania o el caso cuando en 1948 el Reino Unido transfirió la soberanía de Tokelau a Nueva Zelanda.
[21] Los territorios no autónomos se recogen ya en el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 (Ver la Carta de las Naciones Unidas y sus capítulos en http://www.un.org/en/decolonization/charter.shtml). La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. Vale la pena indicar que los esfuerzos de descolonización de las Naciones Unidas se derivan de tres capítulos específicos de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, como son el Capítulo XI (Declaración relativa a los Territorios no Autónomos), el Capítulo XII (Régimen Internacional de Administración Fiduciaria) y el Capítulo XIII (El consejo de Administración Fiduciaria). Sobre los territorios no autónomos ver http://www.un.org/es/events/nonselfgoverning/non-self-governing.shtml y https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_no_aut%C3%B3nomo.
[22] Ver el capítulo XI y especialmente el art. 73b de la Carta de las Naciones Unidas (http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-xi/index.html).
[23] Ver nota 2 en http://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterritories.shtml.
[24] Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental (Documento S/2006/249) art. 31 y 37 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/249&referer=/english/&Lang=S. Y también en marzo en http://www.un.org/press/en/2016/sgsm17577.doc.htm.
[25] “El 26 de febrero de 1976, España comunicó al Secretario General que a partir de dicha fecha daba por terminada su presencia en el Territorio del Sáhara y que estimaba necesario hacer constar lo siguiente: España se consideraba a partir de ese momento exenta de toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del Territorio, en vista de que había cesado su participación en la administración temporal establecida para el Territorio”, en Nota 2 en http://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterritories.shtml.
[29] Ver apartado II.3 del “Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara” de 19 de abril de 2006, en http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/249.
[30] Ver https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-francia-minurso/, https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-occidental-derechos-humanos-minurso/ y muchos más ejemplos en otros años.
[32] Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental (Documento S/2006/249) en http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/249&referer=/english/&Lang=S ART. 41.
[33] Resolución 2285 (2016) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7684ª sesión, celebrada el 29 de abril de 2016, en http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2285(2016)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2016.shtml&Lang=S.
[34] Amnesty International: Morocco/Western Sahara: MINURSO – Advocacy Circular (Index number: MDE 29/4118/2016).
